Aportes
a la problemática policial
Hace un par de años atrás,
ante la virulencia de la inseguridad en el conurbano bonaerense, hubo un
constante debate mediático sobre la creación de fuerzas de seguridad locales
(léase municipales). Su conveniencia, o no, y las formas (a cargo del
intendente de turno, dependientes de la provincial, como finalmente ocurrió,
etc.). En esos persistentes cruces de opinión, uno de los exponentes relato la
experiencia surgida en un país del primer mundo, para combatir la delincuencia
cotidiana, que obviamente es un suceso trasfronteras. Tal propuesta emergía de
las constantes críticas que sufría la justicia gala, por su levedad frente a las condenas
judiciales. Hartos de las mismas, y convencidos que era preferible la
prevención que la represión (léase mayores penas o incrementar el número de
efectivos policiales a niveles presupuestariamente inadmisibles, implicando
ello un mayor control de los mismos…) elevaron una propuesta al Ejecutivo, que a mi criterio podría
considerarse una muy buena idea.
Francamente desconozco si ha sido aplicada, si fue eficaz o no, pero el concepto
es una luz ante tanta oscuridad y
obscenidad en la problemática policial.
Recuerdo
que hace décadas atrás, en el esplendor del gobierno de Bill Clinton, se realizó una cumbre con el
premier británico Tony Blair,
omitiendo en la agenda a tratar el tema de la seguridad, hasta tanto no se resolvieran los problemas que
ocasionaban la falta de empleo, germen evidente de marginalidad y delincuencia. El tema seguridad es uno de los
mayores problemas mundiales dada la complejidad de los factores involucrados e
interactuantes: trabajo, educación, salud, justicia, reinserción social,
politica, entre tantos… Omitir, intencionalmente o no, cualquiera de ellos,
conlleva a un seguro fracaso del cualquier plan en tal materia, como viene
ocurriendo en nuestras pampas. La voluntad politica de la Gobernadora Vidal de luchar contra la corrupción
policial, el incesante incremento de la inseguridad que nos desvela (sin
eufemismos), determinan el presente artículo como un aporte mínimo ante la
gravedad del presente cotidiano, aun la creación de las policías locales. Creo
innecesario aclarar que los conceptos expuestos valen para todo el país, ya que
las desgracias no son cualidades
exclusivas de la policía bonaerense.
En los debates aludidos se
incluía algo realmente grotesco, como ser que el jefe de la policía municipal
estuviera a cargo del intendente de turno. Algo así como legalizar la evidente conexión
politica/policial ya existente (aclaremos que la excepción no hace a la
regla). O que no los nuevos efectivos no usaran armas, actuando como agentes
disuasivos del delito. Formación en universidades locales y habitantes del
partido en el cual ejercieran su función. Propuestas ajustables pero
convenientes. Terminaron portando armas, dependiendo de la policía provincial,
con instrucción, sin muchos recursos e igualmente la inseguridad excede largamente a la “sensación”… Los delitos
cometidos por las fuerzas policiales son similares en cualquier región, que
requiere la connivencia del cuerpo
policial con el delincuente, adicionando los propios a cargo de la misma policía,
que por lo visto no paran de sorprendernos estafando al erario público (robo de
nafta, comida para los animales, horas adicionales inexistentes, etc.). Tal
omisión implica un pago: fundamentalmente en efectivo; en especias varias;
servicios tarifados y otros “abominables”, que no voy a relatar por pudor. Peor
aún es la distribución de tal recaudación: por siempre vertical en el sistema
policial y desconociéndose para la ciudadanía hasta donde y como llega a los niveles políticos, también cómplices
de tales latrocinios.
Convengamos que si hay voluntad politica como la expuesta por
la aludida Gobernadora, creando
asuntos internos con personal ajeno a la policía y llevando a juicio a más de
1600 agentes en todos los grados del escalafón, por diversos delitos,
conteniendo o controlando a los ministros, intendentes, funcionarios
judiciales, podría coadyuvar a una reducción considerable de la corruptiva
policial, pero será muy difícil lograrlo solo con ello, incluyendo la ejemplaridad y la vigilancia. Pensemos que la organización
punible policial es sistémica, lo cual involucra que sus miembros no puedan eludir asociarse en procesos
ordinarios delictivos, atinentes a la recaudación de fondos espurios, so pena
de terminar con su carrera de varias
formas posibles ( plantarle causas, renunciar, presionarlo) , o con su vida
como el barilochense. Sumémosle los bajos
sueldos y bingo. Hay pocos valientes como el pinamarense que grabó/delató a
su superior relatando que se había cansado de robar, resaltando a los obreros
de la construcción de origen paraguayo quitándoles lo ganado con su trabajo,
amenazándolos con armarles causas (hay que ser un gran HP para ello…). Hay de todo en la Viña del Señor. Policías que
quieren cumplir con su rol de protección a la ciudadanía, aun con el riesgo de
vida que implica. Otros que no les queda otra que conformar el sistema y hay delincuentes directos con uniforme
(estos no, persecución, juicio y
castigo). Estos son los menos y el grueso está en las dos primeras categorías
descriptas. Cualquiera que haya tenido a cargo grupos de trabajo, sabe que
intercalar sujetos idóneos y confiables con neutrales, genera en
estos una adhesión hacia quienes actúan debidamente, anulando a aquellos
malintencionados… (humanos somos)
Estimo
que la propuesta de la justicia gala aludida precedentemente tornaría factible
tal ansiado objetivo de una policía
digna, siempre declamado pero jamás alcanzado… El malestar social hacia la
delincuencia de cualquier signo, podría favorecer ampliamente su
implementación, que requiere de una activa participación ciudadana. La misma
consiste en lo siguiente: crear un Consejo
de Seguridad local, elegido por el pueblo, conformado por figuras sociales
intachables independientes del gobierno local, que ejerza la dirección y el
control sobre la policía comunal, incluyendo obviamente expertos en el metier
de la seguridad. En un número reducido, condicionado por extensión/habitantes,
receptor directo de las demandas ciudadanas, léase delitos y actos de
corrupción de cualquier índole. Con poder revocatorio
al personal policial y denunciante ante la gobernación del accionar político
del gobierno comunal respectivo, si este incurriera en omisiones o connivencias
con delincuentes. Sería razonable el control del 911 local para evitar
desatenciones intencionales. En igual forma debería integrarse un Consejo Provincial coordinado con los
municipales y uno Nacional, creando
éste una agencia contra el narcotráfico
y la trata de personas, incluyendo esto a los maltratos más allá del género
y rango etario. Tal consejo generaría estadísticas fehacientes sobre
delincuencia, corrupción, y resolución o no de los mismos, generando una fuente
confiable para la conformación de políticas públicas en materia de Seguridad. La instauración de estos Consejos comunales determina que se abarque la totalidad del país.
P.D.: Aludir
al sistema carcelario, el contexto socio-económico, el presupuesto adecuado,
marco jurídico, etc., exceden al presente artículo, resultando imprescindible
su valoración con este aporte.
Gracias por su atención.
Francisco
Alberto Scioscia
Aportes
e interrogantes ciudadanos,
053 agosto de 2016