Debate
La educación, ¿prioridad nacional?
( Clarín, 24 de octubre 2018)
Manuel Alvarez Trongé
El Estado debe
convertirla en prioridad. Para ello debe hacer todos los esfuerzos y destinar
la inversión que corresponda. La democracia no logra formar cabalmente a los
ciudadanos que darán la legitimidad necesaria al sistema que tanto nos costó
conseguir en 1983. Y esto es grave.A veces los
argentinos no queremos escuchar la verdad porque no queremos que nuestras
ilusiones se vean destruidas”. Esta es una frase adaptada del genial Friederich
Nietzsche, quien no la dirigió a los
argentinos, sino a la gente en general que tiene la tendencia a autoengañarse en aras de no destruir sus
creencias.
Lamentablemente,
hoy nos está sucediendo eso a los ciudadanos de esta República. Pese a que los
datos nos indican que más del 60% de aquellos que comenzaron su educación
obligatoria no la terminan y que entre aquellos que si la terminan, siete
de cada diez no reúnen los conocimientos básicos, nuestra ilusión es que
nuestros hijos aprenden y están siendo bien educados o, por lo menos, más del
80% de los padres responde de este modo.
La delicada
situación que vivimos no conoce de diferencias sociales, afecta a todos: en los
niveles socioeconómicos más bajos la debacle es más notoria, seis de cada diez
no comprenden lo que leen pero los niveles más altos tienen también un problema
mayúsculo ya que los resultados de las escuelas de mayor calidad del país se
ubican por debajo de las peores escuelas del mundo desarrollado (un
alumno de las escuelas de elite argentinas está en el nivel de las peores de
Europa y muy por debajo de las escuelas de peores resultados de Finlandia o
Corea).
Además de estos
resultados tan penosos, no se cumple en Argentina con la Ley de días mínimos de
clase ni tampoco con la norma que exigió jornada extendida.
Estos datos,
vergonzosos por la violación al derecho constitucional de aprender y al derecho
humano de educar, serían demoledores en cualquier país del mundo, pero en la
Argentina no hacen mella: la gente no reacciona y se engaña
pensando que el problema es del otro. El Gobierno, a su vez, no hace el foco
especial que debiera y el tiempo continúa pasando sin que notemos el deterioro.
Lo peligroso es que este deterioro se disfraza de enemigo invisible y persevera
en la destrucción de nuestro capital humano sin que lo veamos, dándole la razón
a Jacinto Benavente, quien decía que
la única palabra que podía armarse con las letras de “argentino” era “ignorante”.
Lo más grave,
quizás, es que nuestra sociedad no pueda comprender lo que significa esta grave
situación por el nivel educativo descripto. Esta hipótesis es
alarmante.
Para explicarlo
quiero detenerme en un aspecto. Que más del 60 % de los alumnos que inician su
educación obligatoria no termine el secundario significa que
esos jóvenes no están habilitados para “el ejercicio pleno de la ciudadanía”
como dice expresamente la Ley de Educación Nacional (LEN art.30).
¿Qué quiere decir
esto? Que la democracia argentina no está logrando formar cabalmente a los
ciudadanos que darán la legitimidad necesaria al sistema que tanto nos
costó conseguir en 1983. Y esto es grave.
Lo que pareciera no
entenderse es que el aprendizaje garantizado por
nuestras normas a todos los argentinos no es una alternativa. No estamos frente
a una opción, estamos frente a una obligación pública de las
autoridades que deben cumplir integralmente para asegurar la viabilidad de la
Nación, su democracia y las libertades de absolutamente todos los ciudadanos
del país.
No hacerlo es
un ataque suicida al futuro de la República. Si el abandono, la
mala calidad y la tremenda inequidad educativa están amenazando nuestro futuro,
es urgente que reaccionemos. A esto se le llama actuar en defensa propia.
Pero más allá del
reclamo ciudadano, es el Gobierno Nacional quien está obligado a liderar un
cambio copernicano y hacerlo con todo el poder del que dispone. No se trata de
proponer planes y dejarlos morir en el intento. Se trata de cumplir la ley. Y
para esta tarea que, vale la pena reiterarlo, es obligatoria, el
Gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben comenzar por colocar la
Educación como el principal desafío de la Argentina.
El artículo 3 de la
LEN establece con claridad que “La educación es una prioridad nacional …”. Pues bien, el Estado debe convertirla en
prioridad absoluta y para ello debe hacer todos los esfuerzos posibles y
destinar la inversión que corresponda.
Esta obligación se
agiganta en época de crisis puesto que se trata de cumplir un mandato que es
nada menos que prioridad nacional y las prioridades mandan. Deberá realizar
campañas, fijar metas, hacer seguimiento (cumplir con el artículo 120 LEN) e
informar a los ciudadanos periódicamente sobre el cumplimiento de su
obligación.
Pero esta tarea no
depende solamente del Estado. Convertir a la Educación en prioridad requiere de
un cambio de mentalidad en los medios de comunicación, en el empresariado
local, en los sindicatos, en las agrupaciones de padres, en los partidos
políticos y en el mundo académico.
Este es el camino.
Cuando las prioridades están claras las decisiones se hacen más fáciles.
Aprender es un derecho. Hagámoslo realidad.
Manuel Alvarez Trongé es presidente
Educar2050