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El tribunal oral de San Martín
denunció a la Corte
Suprema por la transferencia de dos autos secuestrados en
causas de narcotráfico, tal como había adelantado Página/12.
Nazareno
no deberá dar la espalda a los jueces que lo investigan.
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Por
Eduardo Tagliaferro - junio
2000
 El Tribunal Oral
Federal 1 de San Martín pidió a la justicia federal porteña que investigue
los posibles ilícitos en los que podría haber incurrido la Corte Suprema de
Justicia de la Nación,
al transferir a su nombre la titularidad de dos autos secuestrados a
procesados en una causa por narcotráfico, tal como informó en exclusiva Página/12
el pasado lunes 19 de junio. La presentación del tribunal de San Martín
fue realizada a primera hora de la mañana de ayer. Luego del sorteo judicial,
las investigaciones quedaron radicadas en los juzgados de Gabriel Cavallo y
Jorge Ballesteros. Si los magistrados consideran que el Superior Tribunal
incurrió en conductas delictivas, deberán iniciar un proceso que puede
desembocar en el juicio político a los miembros de la Corte por parte del
Congreso nacional.
El juzgado federal de Morón, a cargo del juez Alberto Criscuolo, había
secuestrado en 1995 un Renault Laguna propiedad de Beatriz Díaz y un Ford
Escort Ghia a nombre de Angel Pascual. Los dueños de ambos automóviles habían
sido detenidos meses antes y se encontraban procesados en una causa por
narcotráfico que había comenzado con el denominado operativo Alas Blancas.
Dicha investigación originalmente fue llevada adelante por el ex jefe de la Brigada de
Investigaciones de Lanús, el notorio comisario de la Bonaerense Mario
“Chorizo” Rodríguez.
El juez de Morón puso ambos vehículos a disposición de la Corte. Meses
después, el registro 30 de la
Ciudad de Buenos Aires, consignó como titular de ambos
autos a “Corte Suprema de Justicia de la Nación, domiciliada en Talcahuano 550 de la Capital Federal”.
El Renault fue transferido con fecha 10 de abril del ‘96 y el Ford unos meses
después, el 30 de agosto del mismo año.
A fines de diciembre del año pasado cuando Beatriz Díaz fue sobreseído por el
tribunal oral de San Martín y reclamó la devolución de su auto, descubrió que
éste había sido generosamente utilizado por los supremos. La Corte devolvió el Renault
Laguna en buen estado, pero con 70 mil kilómetros de más a los que
originalmente tenía. El auto estaba bien conservado ya que lo usaba Julio
Nazareno, titular de la
Corte.
“El presidente utilizaba el auto para ir a jugar al golf,
para dar clases de derecho, para ir al campo o para venir al tribunal”, dijo
el secretario general de la
Corte, Cristian Abritta, en una conferencia de prensa
realizada en la sala de periodistas del Palacio de Justicia, días después de
que este diario publicara que Nazareno era quien usaba el Renault. La
explicación de los supremos resultaba insólita. “La legislación le permite a
los miembros de la Corte
realizar un uso personal de los vehículos secuestrados”, dijo Abritta. El
vocero de los ministros pretendió de esta manera distinguir entre los jueces
a los que sólo se les permite el “uso oficial” de los autos, de los ministros
de la Corte
que pueden usarlos en el sentido más amplio del término.
¿Por qué motivo la Corte
inscribió los vehículos a su nombre?, fue la pregunta que se hicieron todos
los especialistas en derecho procesal consultados por este diario. Pregunta
que tampoco el Superior Tribunal pudo responder en su conferencia de prensa.
“La Corte
nunca pidió la transferencia del bien, sino simplemente su uso”, dijo
Abritta, que argumentó que la transferencia se hizo por indicaciones del ex
secretario de Justicia, Daniel Osvaldo Castruccio.
“La única forma de extender una cédula verde para que la Corte pueda utilizar y
circular con los vehículos secuestrados, era si se realizaba la transferencia
de los autos”, sostuvo Abritta. La nota del ex secretario Castruccio
puntualizaba que “del análisis de las normas aludidas –la denominada Ley de
Autarquía Financiera del Poder Judicial– se desprende, en principio, que el
Poder Judicial de la Nación
está habilitado para incorporar como recurso propio, el producido de la venta
de los bienes que se especifican en la misma, pero no así para incorporar
directamente dichos bienes a su patrimonio”.
La misma Corte informó que en poder de la Justicia había 224 rodados secuestrados y
aproximadamente 28 de ellos están siendo utilizados por los ministros que
conforman el alto tribunal. Una ecuación que le otorga tres autos a cada uno
de los cortesanos.
Los autos secuestrados en causas por narcotráfico son cedidos a la Corte merced a un convenio
firmado en diciembre de 1993, por el entonces secretario de lucha contra el
narcotráfico, Alberto Lestelle. Por el lado de los supremos el firmante fue
Rodolfo Barra, en ese momento vicepresidente a cargo de la presidencia. Si
bien el convenio autorizaba la cesión, en ninguna de sus partes hacía mención
a la transferencia del dominio del rodado.
“Yo no lo hubiera firmado”, dijo el actual titular de la Secretaría de Lucha
contra el Narcotráfico (Sedronar), Lorenzo Cortese, acerca del convenio
suscripto con la
Corte Suprema. Luego de que Abritta sostuvo que el uso de
los automóviles secuestrados era legal, Cortese llamó a conferencia de prensa
para jerarquizar la figura del decomiso. “El convenio no fue operativo para
esta Secretaría. No aportó ni un peso en la lucha contra el narcotráfico y la
prevención de las adicciones”, sostuvo.
UNA PRACTICA
CON MAS DETRACTORES QUE DEFENSORES
Debate sobre la ley y la ética
La utilización de
autos secuestrados sólo ha encontrado defensores en los voceros de la Corte Suprema.
Los detractores argumentan cuestiones de tipo legal, de ética e, inclusive,
de las deficiencias que existen en el convenio que firmó el ex titular de
Lucha contra las Drogas, Alberto Lestelle, con el alto tribunal. Las
siguientes son algunas voces del debate:
 Cristian Abritta,
secretario general de la Corte:
“Los ministros de la
Corte Suprema están legalmente habilitados para el uso
tanto profesional como personal de los autos secuestrados. Es común que los
usen para ir a sus campos, quintas de fin de semana o para ir a jugar al golf
o dar clases de derecho. La legislación existente los autoriza. (Utilizarlos
o no) es una cuestión ética y debe ser evaluada por cada ministro”.
Daniel Sabsay,
constitucionalista: “Lo que el marco legal prevé es una utilización para
fines profesionales. Es decir, que debe tratarse de una función de bien
público, que haga al bienestar público general de la Nación. Esto no
sólo está contrariando el texto legal, sino que obviamente no es ético. Se
está aprovechando la calidad de magistrado para utilizar con fines
particulares un bien confiscado”.
Atilio Alterini,
presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal:
“Tengo entendido que esta autorización proviene de una norma legal. Pero lo
que tenemos que evaluar es el desacierto de esta norma. Es un disparate. Hay
que derogarla. No se puede sacarle un bien a un encausado para que lo utilice
el Poder Judicial. Si yo hubiera estado en esa situación no hubiera usado el
vehículo confiscado”.
Lorenzo Cortese,
secretario de Lucha contra el Narcotráfico: “Yo personalmente creo que no
corresponde el uso de un vehículo en el tránsito entre el secuestro y el
decomiso. Pero ésta es una interpretación. Nuestra administración no ha
dispuesto la utilización de ningún vehículo en comodato, aunque reconozco que
otras administraciones sí lo han hecho. Para que no ocurra lo que estamos
analizando hoy, si se usó bien o mal un vehículo, el convenio debe ser
reconsiderado”.
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Problemas de tránsito
No es
la primera vez que los autos le traen dolores de cabeza a Julio Nazareno:
el sábado 11 de octubre de 1997 el presidente de la Corte fue detenido
después de cruzar un semáforo en rojo en Libertador e Infanta Isabel. Tres
agentes de tránsito comprobaron que el conductor no llevaba documentos y se
preparaban a levantar la infracción correspondiente cuando Nazareno les
advirtió que “era presidente de la
Corte”. La viveza criolla le costó cara: cuando ya se iba
del lugar sin pagar la multa, un periodista que pasaba lo reconoció y
difundió el incidente, que tuvo ribetes de escándalo y terminó en pedidos
de juicio político. Ahora, como si se tratara de un karma, otra vez un auto
y un pedido de favor realizado por terceros que apelaron a su investidura
lo vuelven a colocar en el ojo de la tormenta.
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Publicado
en Pagina 12/junio de 2000.( inicio )
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