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Comentaban
acertadamente en los medios que difícilmente los dirigentes políticos
aludieran a la sentencia de cinco años, sobre seis de máxima, de prisión que
fue sentenciado PICO (ex-concejal y Presidente del ex-Consejo Deliberante,
representante del PJ), por enriquecimiento ilícito, como si les fuese ajena.
Más aún en la semana final de las presidenciales. La ley de enriquecimiento
ilícito fue creada para juzgar a los funcionarios públicos; invierte la carga
de la prueba en el acusado, el cual debe demostrar su inocencia. Es decir que
sus ingresos comprobables justifiquen el patrimonio declarado o comprobado
del imputado. PICO no pudo hacerlo (sus propiedades superaban los ingresos
como funcionario), sin tomar en cuenta aquellos bienes que aparentemente eran
de él y no pudo probarse fehacientemente su titularidad. Tal peculiaridad
legal ha suscitado, obviamente por los defensores, que tal procedimiento es
Inconstitucional, dado que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo
contrario, u otras que desconozco. Puede haber argumentos de derecho que
avalen tal calificación. Pero francamente que PICO quedará libre por razones
de derecho, contrariaría la prudencia que debe regir sobre cualquier
argumentación racional que violara el sentido común ético. No se toleraría
tal distorsión de una realidad palpable. Esta ley
tiene sus limitaciones, ya que el caso Pico no será el estándar. Angeloz
zafó, pues no pudo comprobarse fehacientemente lo imputado y la duda
legalmente beneficia al acusado. En mi carrera como funcionario público,
cuando - antes de la convertibilidad- algún colega compraba un O km., se
ratificaba las sospechas de su presunta corrupción. Hoy lo será un modelo de
la franja de 25 lucas para arriba o un viaje a lugares sofisticados. Por
suerte existen los cónyuges adinerados... Debemos dejar
de engañarnos: una sociedad debe buscar los procedimientos que impidan que
sus funcionarios, de cualquier nivel, puedan enriquecerse. Si uno deja la
puerta de su casa abierta con signos de no haber nadie, seguramente será
desplumado y no por un profesional, sino ocasional ladrón ( o quien llegue
primero). El desprevenido hurtado seguramente aducirá que no se tiene que
robar, pero será tarde y seguramente irreversible. Cuando se dialoga en la
calle sobre los robos de los funcionarios, cuando mayor vehemencia ponga el
que protesta, pregúntele en ese mismo momento que hubiese hecho él en lugar
del cuestionado y le dirá que él también lo hubiera hecho. Es decir, este se
queja porque no tiene la oportunidad que tuvo aquel. Es así,
mayoritariamente. Dejemos la hipocresía y seamos pragmáticos: hay que
instrumentar normas que impidan tal enriquecimiento que sale de nuestros
bolsillos vía impuestos. El acto
administrativo es volitivo e intelectual, en ese orden. Sin voluntad de
hacer, nada es posible. ¿ Si es factible crear sistemas ultrasofisticados en
el ámbito científico, como es factible que no se puedan definir parámetros
mucho menos complejos para evitar tomar lo indebido? Evidentemente pasa por
querer hacerlo realmente y posibilitar que su instrumentación sea
implementada por idóneos. Esto es clave, pues se declama pero poco se hace
para facilitar su efectiva y posible aplicación, denotando una incoherencia
sospechosa en tal ambigüedad. Mi experiencia pública me indica que hay de
todo en la villa del Señor. Aquellos dirigentes que acorralados por las
circunstancias toman medidas que a sabiendas serán incumplidas ulteriormente
por instrumentaciones inadecuadas (presupuesto, recursos técnicos, humanos y
materiales, etc.). Pero mayoritariamente, están aquellos que por propia
incapacidad para hacerlo o conducirlo por si mismos, delegan en subordinados
que no tienen la más mínima intencionalidad de implementar, o son
incompetentes para tal tarea, quedando en manos del azar la puesta en marcha
de cualquier emprendimiento que reclama la ciudadanía, como este del
enriquecimiento ilícito. Los chambones, quienes ejecutan torpemente el
rol que le asignaron, son demasiado habituales. En otras palabras los
que hacen de... Aquellos que creen que los dirigentes políticos/funcionarios
son diabólicos como los aludidos en primer término, se equivocan. Los hay,
pero en un número menor. Como también hay quienes saben lo que hay que hacer
correctamente, pero que generalmente la lucha contra diabólicos e
incompetentes, cobijados tras marcos regulatorios deficientes, es asimétrica
y consecuentemente infructuoso (su número, extremadamente exiguo). En
definitiva, si suprimiéramos la fuente del enriquecimiento ilícito tendríamos
escasos Picos; léase los gastos reservados, en cualquier ámbito sin
excepciones y una instrumentación un poco más sofisticada que publicar las
licitaciones en INTERNET, controlándolas eficazmente en lo cualitativo y
cuantitativo es factible, SI HAY VOLUNTAD E IDONEIDAD PARA ELLO (esto
último descontado). Pero ello implicaría cambiar radicalmente las
reglas de juego político que las estimulan. Ninguno de los candidatos lo
podrá hacer. No pasa por la honestidad individual, sino que hay que patear el
tablero. Ojala este equivocado...(en cuanto a que no se atreverán a
patear...).
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