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Editorial : |
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Legisladores aliancistas
de la provincia de Buenos Aires aludían que la pretensión del gobierno
justicialista de restaurar la jefatura policial denotaba que el mismo había perdido
el rumbo. Referenciaban que dos años atrás la disolución de la misma era
considerada trascendente para poner en Caja a la "maldita policía"
bonaerense. Primero y obvio ya no esta Duhalde y su coyuntura
presidencialista. Ruckauf tiene otros tiempos y planes. Segundo, en
alguna editorial asevere que no debería llevarse a cabo ningún proyecto que no
este plenamente avalado por el ejecutivo
respectivo y solos generados para calmar las expectativas sociales
coyunturales. Reconozco que mi planteo suena a absurdo/infantil, dado que es
una conducta habitual de los políticos en situaciones de crisis. Además como
se podría diferenciar cuando es una respuesta forzada o por propia convicción
del funcionario de turno, o que norma lo controlaría. Pero no puedo evitar
hacerla, dado que siendo funcionario de carrera público sé que la mayoría de
esos megaproyectos que se paren de la noche a la mañana para satisfacer
demandas imperativas sociales, implican dos costos serios: muchísimo dinero
en un país que no le sobra nada y el peor, desmoralizar a los involucrados en
el mismo, que no perciben el desinterés inicial del ejecutivo, si
posteriormente, al no tener el apoyo coherente al esfuerzo que se les esta
demandando (se curan de espanto, lamentablemente,
"saben" como actuar posteriormente en el ámbito público y son
ejemplo funesto para sus colegas). Pero en este país hablar de
control político-administrativo de gestión (corroborar
los objetivos anunciados con los logrados) es de ciencia-ficción.
Si generalmente no hacemos lo que resulta primario e indiscutible (salud, educación, justicia, PAMI, Bosques... )
quien podría reclamar que se haga lo que se prometió circunstancialmente y paso
al olvido. Y esto no es por falta de memoria, sino de resignación a lo
frecuente. Estamos tan lejos de un control que se considera imprescindible
para cualquier empresa, que simplifico mi demanda pues ampliarla me suena a
tirar perlas a los chanchos... Retomando el proyecto Duhalde de modificación
de la estructura policial severamente cuestionada por el proceso CABEZAS,
resulta harto evidente que un gobernador que poco tiempo antes calificó a esa
fuerza como la mejor del mundo (no se en que
provincia vivia), por un solo suceso - aun su gravedad- pase a reestructurarla a pleno como si
fuera la peste, tiene un alto componente político y personal (nada menos que percibir esfumarse su anhelada presidencia).
Al poco tiempo y en un lapso que no podría notarse cambios profundos en lo
hecho por el interventor dado que el proyecto era de largo alcance, Duhalde
acepto la renuncia del mismo y designó a muchos de los desplazados vinculados
a la mejor policía planetaria. Lógicamente las encuestas le daban abajo en su
aspiración al PEN y seguramente le aconsejaron recurrir a las viejas
lealtades que le acarrearían las estructuras desarmadas por la intervención
renunciante. Creo que huelgan las palabras y pinta claramente lo expuesto y
sus costos directos ($) e indirectos (desmoralización
de todos los que trabajaron seriamente para construir una policía mejor)
¿ Cuanto podría durar un CEO si actuara así? Seguramente se tendría que
retirar pues quien lo contrataría nuevamente. Pero en política siempre
vuelven... Los accionistas/ciudadanos no perciben directamente en sus
bolsillos las conductas de sus dirigentes.
Aquellos no han hallado formas eficaces para lograr un control -
esta en manos de los mismos imputados- resignándose, pero incrementando
su cuota de descrédito a los políticos. Este es un tema a resolver por la
misma sociedad no por sus actuales dirigentes políticos. En cuanto a la
seguridad, la ley provincial en tratativas parlamentarias podrá dar mayores
instrumentos a la policía y justicia para combatir el impresionante raid
delictivo cotidiano, pero será un paliativo. Temo que trasladaran un problema
de un área (judicial/policial) a otra (Sistema Carcelario) al incrementarse las penas. Las
mayores facultades al accionar policial
podrían generan problemas de abuso. Una ley por sí no hace nada
sino logra aplicarse adecuadamente y ello implica a los ejecutantes y medios
para hacerlo. Es muy poco lo que se ha operado sobre estos para garantizar
una coherente y eficaz ejecución legal de la futura ley, que obviamente no
puede actuar sobre el contexto social en el cual esta inserto el raid
delictivo y el cual lo incentiva.
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