¿Cuál sería
el parámetro para juzgar el nivel
de madurez de
una sociedad ?
Desde luego conformar una REPÚBLICA DEMOCRATICA estable, como
podríamos considerar haber alcanzado en estos últimos treinta y tres años,
desde la restauración ininterrumpida del sistema democrático, con los altibajos
sufridos. Tenemos las formas institucionales respectivas, pero estamos lejos,
muy lejos de alcanzar un nivel de perfomance
aceptable de las mismas. Ya hemos aprendido de diversas formas de ser
gobernados: desde un florecer democrático con el radicalismo, encarnado en un
líder ( Raúl Alfonsín)
que tuvo el coraje de enfrentar – y nada menos
que juzgar- a las juntas militares, poseyendo estas aún las armas en
sus manos (un valor que lamentablemente
parece haber perdido nuestra dirigencia politica al presente,). Otro, Menem,
que tiene en su haber dominado la hiperinflación, con recetas ortodoxas que nos
mantuvieron en estado de suspensión económica y moral. Creo que la alianza no merece comentario alguno
(indefendible), llevándonos a la mayor crisis nacional. De la desidia pasamos a
capear el temporal razonablemente- aunque a muchos aun le duela haber perdido
dólares- con un gobierno elegido por la Asamblea
Parlamentaria ( Duhalde), que
superado por la realidad llamó prontamente a elecciones desembocando en la
variable peronista del kirchnerismo, del cual aludí negativamente en mis
aportes precedentes (L), dejando un
estado
en
situación lamentable, tanto en lo económico- sin llegar a la hecatombe 2001/2-
, como en lo administrativo devastando la documentación precedente, vinculado
no solo a la malicia militante sino también a la estela de corrupción
inagotable ( sí que fueron por todo). Como muestra un botón: la provincia de
Buenos Aires (37% del PBI nacional,
recibió al traspaso del 10 de diciembre ppdo. en sus arcas menos de 20.000 dólares),
lo cual huelga cualquier comentario. Jamás pude entender como un militante –
primero la patria, luego el movimiento- pudiese accionar perjudicando a otro
gobierno elegido por el pueblo, so pretexto que teóricamente seria funesto para
el total de la población (que lo eligió, demencial);
actos que encubrían casos de corrupción, presuntos pero demasiados palpables dada las pruebas y “vistas” acumuladas.
Este nuevo
gobierno en su “pasantía” hacia un
control de la gobernabilidad, aunado a una deteriorada prensa mediática
opositora que no puede digerir la derrota, y otra, otrora opositora, que
intenta buscar argumentos que lo despejen de ser considerados oficialistas,
resultando sobreactuada y a veces patética, conllevan a un discurrir incierto.
Insisto que debemos aun dar crédito a Cambiemos
hasta que regularicen las variables económicas que les permita imponer su
supuesto plan desarrollista, lapso
crediticio que dependerá de los
bolsillos de nuestros ciudadanos, que cuanto más flacos merma la confianza en
la nueva Alianza que nos gobierna…
Supongamos
que el plan aludido da los resultados anunciados: creación de empleos de
calidad, infraestructura, nivel económico aceptable (de menor a mayor), mejoras
en salud, educación y justicia (que paguen los corruptos), podríamos decir que
encarrilamos a nuestro país hacia un sendero razonable. Y cuando menos lo
pensemos y vuelva alguna crisis – sea interna o externa – nos volverá al nivel
natural de inmadurez institucional
que somos como país (el de las últimas décadas) ¿ No hay solución?, si por supuesto. Un sistema republicano se basa en
la división de poderes, su articulación coherente sin perder su autonomía ( K ), pero fundamentalmente la idoneidad y probidad de
sus funcionarios. Como humanos, y esto es un factor trasfronteras, todavía
emergen dirigentes que están lejos de responder a las demandas ciudadanas, y
aun así los votan (Trump).
Al presente, en nuestro país tenemos un
mix de CEOS, con poca experiencia en el “reino del todo es posible” y políticos que responden a los patrones
estándar (algunos sin el expertise
necesario, y otros juegan por compensaciones políticas…). Hasta el presente su accionar gubernamental no está, o ¿ estaba?, puesto en tela de
juicio: Panamá de por medio, a consideración de la justicia, que remonta a
décadas pasadas. Y la primera prueba de inoperancia fue el
tarifazo gas/luz/agua. Anunciado un porcentual máximo se disparó sin control.
Cuanto costaba hacer una simulación previa a remitir las facturas, controlando
si superaba el máximo porcentual anunciado (p.e. los 700% de luz…, CEOS lejos
de la gestión y más cerca de la inoperancia). Esto paso con De Vido por
el 2008 produciendo igual desastre y la vuelta atrás de las subas. Sin
diferencias, igual impericia. Indefendible. Parece “mentira” que con la
capacidad de almacenamiento actual de las computadoras no pueda cruzarse
un padrón definitivo/actualizable de la sociedad registrada en blanco, vía
ANSES/Instituto de previsión provinciales/Afip, Registros Nacionales y
provinciales de las personas, testeando capacidad de pago según ingresos/bienes,
y recabar información de excepciones por DDJJ, debidamente verificadas
por estudiantes universitarios en materias afines como un aporte voluntario en
trabajos de campo. Adicionemos un relevamiento empresarial general con indicación del
porcentual de incidencia de las tarifas, por supuesto verificable; asimismo
clubes, ONG sociales, cooperativas/mutuales (hay registros
informáticos de los entes enunciados en organismos oficiales). En síntesis, imaginación (léase software adecuado),
productividad y voluntad politica conjugadas. Muchas veces los argentinos
parecemos un país bananero, pero lo somos, no por deficiencias de
recursos –humanos y tecnológicos- sino por una clase dirigente de cuarta. Es hora de
demostrar que podemos dejar de ser calificados en tal categorización (merecida
por supuesto…)
Tendremos
que esperar el resultado del mix
aludido, transitar esta “pasantía”,
para hacer un juicio valedero (no tengo la capacidad de vislumbrar su futuro,
hay demasiados factores convergentes para ello) . Pero la solución exige un plan de largo plazo, dado
que debemos luchar en las fallas del factor humano y las posibles herramientas
con las que contamos para compensar
tales falacias. Presumiblemente no
sea el momento oportuno para encarar un plan gubernamental que fortalezca en lo
inmediato la tan mentada y anhelada institucionalidad acorde a las demandas de
una sociedad afín al siglo 21. Pero el
futuro se construye desde los actos del presente. Debe iniciarse una
profunda planificación que defina quienes son idóneos y probos para el
desempeño del rol del funcionario público, en los poderes del estado. Léase: funcionarios políticos, de carrera y
magistrados. Y someter a los actuales a tal calificación, una vez definido
el perfil aludido (aunque nos lleve un buen tiempo hacerlo). Debe ser consensuado por los partidos
políticos y plebiscitado por la sociedad, y ajustado en forma permanente
para perfeccionar los mecanismos que se instrumenten y que la realidad defina.
Debemos destacar que actualmente hay cargos vitalicios en la función pública
(magistrados, empleados de carrera, fiscales), aunque parezca feudal no sería un inconveniente (no obstante
sería factible un periodo razonable). Algunos defienden tal prerrogativa,
aduciendo que tal inamovilidad les permite actuar con independencia del poder
gubernamental de turno. Factor considerablemente razonable, pero poco demostrado. Lo inadmisible es que los organismos de control de los mismos funcionen paupérrimamente u
otros se remitan a sumarios generalmente politizados (léase inútiles), dado que finalmente gran parte de la
culpa del delito investigado emerge de la conducción del propio organismo
público… (por omisión o impericia).
Dícese que
un sistema republicano debe incluir mecanismos de control entre su poderes para
que ninguno se exceda en su accionar público y que
fundamentalmente resguarde al ciudadano de los excesos del poder respectivo. Tal
principio nos llevaría a concluir que el PODER
JUDICIAL es la herramienta más adecuada para establecer un orden justo y maduro
al cual anhelamos alcanzar como sociedad. Ello implica, insoslayablemente,
controlar a los funcionarios electos, y los propios miembros del poder judicial,
través del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA o Audiencias/Jurys del Ministerio
Público, o por el SENADO DE LA NACION cuando le competa. En cuanto a los de
carrera, por otro poder al PEN, tal otro consejo parlamentario para ellos. En
otras palabras, denuncia, consistencia y juzgar en el acto (no después de
años).
Todo
artículo tiene un disparador: escuchaba atónito como un constitucionalista de
prestigio detallaba situaciones que en las últimas décadas han sido
naturalizadas por la ciudadanía en general, concomitante con sus bolsillos
semis-llenos que les permiten algunos placeres efímeros, con segura fecha de
vencimiento (hoy, quizás…).
Evidentemente actuamos como si los hechos que acontecen en nuestro presente no
nos afectarán en nuestro futuro, el cual seguramente, será – y es- sombrío y retaliativo sin lugar a dudas…
Aquel constitucionalista y quien
suscribe, rememorábamos hechos inadmisibles: jueces que prohíben que los nombren
y los gasten los afectados, sin mella alguna para ambas partes; la mayoría
automática de la era menemista; ministro de la corte alquilando sus propiedades
para burdeles; los injustificables patrimonios de muchísimos jueces federales;
el papelón del fallido y patético enjuiciamiento al denunciante Fiscal
Campagnoli; el procesamiento por encubrir a Lázaro Báez de un fiscal,
argumentando públicamente su patético descargo; la acusación de jueces venales,
transformados mágicamente en liebres, luego del cambio de gobierno y la exposición
pública del video contando billetes de dólares/euros en pleno cepo cambiario, a
potenciales imputados/procesados; y miles de factores desconocidos para la
sociedad en otros fueros. La corrupción es inherente al ser humano, pero
también el control de los actos que deben ejecutarse con responsabilidad y
trasparencia. Y ELLO ES POSIBLE, CON VOLUNTAD POLITICA
E INTELIGENCIA( insoslayables).
Gracias por su atención.
Francisco
Alberto Scioscia
Aportes
e interrogantes ciudadanos,
051 junio de 2016
..\mail.htmMail Inicio